Poste restante: Correcta, pero timorata

Aembajajorge

Jorge Eduardo Navarrete

Sólo por haberse dado a conococer el 28 de diciembre, el comunicado 605 de la SRE no debería ser considerado una inocentada, excepto por la posible e implausible intención de sugerir que la cancillería trabaja hasta en los domingos de vacaciones.  Forma parte, más bien, de un corte de caja de fin de año, a juzgar por otros similares que se difundieron por esos días, cuando los medios no reciben demasiadas noticias.  Repasa la posición de México y, quizás la del grupo “Unidos por el Consenso” (UxC), al que ahora denomina “Movimiento” cual si de una organización social se tratase.  Constituye, empero, una toma de posición sustantiva, digna de analizarse.  No puede decirse lo mismo de otros comunicados de fin de año, como el 608 del siguiente día, construido con generalidades, fórmulas vacuas y platitudes, que vale por perogrulladas, de acuerdo a la RAE.  Hubiera sido deseable que el comunicado 605 actualizara la posición de México respecto de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los empeños interminables, pendiente por decenios en la Asamblea General.  Se limita, en cambio, a resumirla y, en alguna medida, aclararla.  Aun así, es un texto que hay que examinar línea por línea y entrelíneas.

         La oportunidad que se aduce para revivir la reforma muestra que Alameda (antes Tlateloco) todavía no renuncia al pensamiento mágico: “A la luz del 70º aniversario de la fundación de la ONU en 2015, se plantea la necesidad de ampliar y reformar el Consejo de Segridad…”, se dice al inicio del comunicado.  La magia del 70º aniversario no funcionará, como no funcionó la del 65º, o la del 60º, o la del 50º, entre otros.  Se necesita algo más.  En este asunto, México por lo general ha acertado al proponer ese algo más, aunque ni México ni el grupo—o movimiento—UxC hayan logrado apoyo mayoritario para una propuesta acertada, imaginativa y flexible.  Por fortuna, esta posición, definida desde los años setenta, no se ha deformado, como tantas otras ante el empuje sucesivo de administraciones conservadoras y neoliberales.

         Los objetivos de la reforma del Consejo, que se reiteran en el tercer párrafo del comunicado, no son motivo de controversia: todo mundo está de acuerdo con ellos: representatividad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.  La bronca estriba en cómo conseguirlos y qué tanto o hasta dónde.

         Un Consejo de 9 miembros parecía representativo antes de la descolonización.  Dejó de serlo y en 1963 se acordó aumentarlo a los actuales 15: 5 permanentes y 10 electos (cada uno por 2 años, sin posibilidad de reelección inmediata, y provenientes: 3 de África; 2 de Asia; 2 de América Latina y las Antillas, 2 de “Europa occidental y otros estados”; y 1 de “Europa oriental”).  Ahora son insuficientes, visto el número de miembros de la ONU, y el Consejo ha vivido, por décadas, una crisis de representatividad.  México propone un total de 26 miembros: los mismos 5 permanentes y 21 electos, que puedan reeelgirse una vez de manera inmediata, “lo que permitiría que algunos Estados tengan una presencia más prolongada en el Consejo, preservando al mismo tiempo la rendición de cuentas a través de elecciones frecuentes”, y que provengan: 6 de África; 5 de Asia; 4 de ALC; 3 de “Europa occidental y otros Estados”; 2 de “Europa del Este”, y 1 “de los pequeños Estados en desarrollo”.  Para empezar, hubiera sido preferible no limitar a una, sino establecer en dos el número permitido de reelecciones sucesivas.  Así, algunos podrían llegar hasta un sexenio en el Consejo, lapso suficientemente largo.

         La primera y quizá mayor virtud de la propuesta es que no aumenta el número de miembros permanentes, al tiempo que prevé “mejorar la efectividad [del Consejo] promoviendo medidas para restringir el uso del veto…”   No satisfará, sin duda, a Alemania, Brasil, Japón y a uno o dos otros pretendientes desmesurados, éstos de África.  Podría satisfacer, en cambio, al resto de la Organización al impedir que se prolongue y se amplíe un privilegio anacrónico.  Hubiera sido útil recordar que algún pretendiente a miembro permanente ha tratado de edulcorar su ambición señalando que, si se le elige, nunca usaría el veto.  Esto es ridículo, así lo único que conseguiría es evitarse la monserga de someterse cada cierto tiempo al escrutinio de la Asamblea.  La manera de limitar el ejercicio del veto es acotar los asuntos cuya aprobación reclame el voto positivo de todos los permanentes.  Se trata de modificar una regla de procedimiento absolutamente acnacrónica.

         Mantener la idea de que los miembros electos provengan, de manera equilibrada, de las distintas regiones tiene por objeto, desde luego, asegurar la representatividad del Consejo.  Pero, si se trata de reconocer “las nuevas realidades geopolíticas globales”—como dice el comunicado—, no puede seguirse hablando de “Europa del Este” ni de esa suerte de región multirregional: “Europa occidental y otros Estados”, con miembros provenientes tanto de América del Norte como de Oceanía.  No pocas naciones de Europa del Este son ahora, en términos geopolíticos, más occidentales que las de Europa occidental.

         Una actitud menos timorata habría llevado a pensar en otras opciones de agrupamiento de países que considerasen cuestiones geográficas, económicas, históricas e internacionales, entre otras, para definir nuevos criterios que asegurasen la representatividad global de los miembros electos del Consejo.  También hubiera sido adecuado romper el vínculo con los llamados “grupos regionales”.  Al determinar las candidaturas que cada región presenta a la Asamblea, son esos grupos los que, en la mayoría de los casos, “eligen” al Consejo.  La Asamblea sólo entra en juego si una región es incapaz de ajustar el número de sus candidatos al de asientos que le corresponden.  Los miembros del Consejo—en especial, los miembros electos—representan al conjunto de la membrecía de la Organización no a la región de la que provienen.  Hubiera sido adecuado, me parece, proponer que los aspirantes de cada región presentasen sus propias candidaturas en forma libre y directa—sin necesidad del endoso del grupo regional—a la Asamblea General y que fuera ésta la que decidiese por votación, ajustándose al número de asientos que a cada región o grupo corresponda.

         Suena bien la idea de un asiento en el Consejo para “un representante de los pequeños Estados en desarrollo” (las principales víctimas del cambio climático), pero no resiste el análisis.  En la ONU no hay un concepto reconocido de “pequeño Estado en desarrollo”.  Lo que más se le aproxima es el de “pequeños Estados insulares en desarrollo”, cuya lista oficial nunca se ha definido pero que la UNCTAD considera, informalmente, que son 29, esparcidos en el Mar de las Antillas, el Índico y el Pacífico sur.  Si se les reconoce “el derecho” de elegir a un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ¿cuánto tiempo demorarán los 31 “Estados en desarrollo sin litoral”—también en posición desventajosa y vulnerable—en reclamar uno o dos asientos para ellos?  ¿Y si después vienen los 48 “países de menor desarrollo” con igual reclamo?  Al querer quedar bien con un cierto conjunto de países—subrepresentado, por supuesto—se abre una caja de Pandora, que minimiza las probabilidades de acuerdo.

         También hubiera sido adecuado dedicar más atención a las medidas que México y UxC propondrán para reformar los métodos de trabajo del Consejo y su relación con la Asamblea General, cuestión que sólo se menciona pero no se desarrolla.  Si no se reforman esos métodos de trabajo—y sigue privando la opacidad—y si no se define bien la responsabilidad del Consejo—para que informe de manera sustantiva a la Asamblea de sus acciones y, sobre todo, de sus omisiones—se descubrirá, tristemente, que limitarse a aumentar el número de miembros electos del Consejo no garantiza la eficacia, la transparencia y la accountability.

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