China y la democracia en Hong Kong

Emb. Eugenio Anguiano

El domingo pasado, la Asamblea Popular Nacional (APN), órgano legislativo supremo de China y responsable de cuidar el funcionamiento de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, tomó la decisión de que para el primer ejercicio de sufragio universal directo de la historia de esa región para elegir a su Jefe Ejecutivo, que ocurrirá en 2017, se limitará a dos o tres el número de personas que podrán presentarse como candidatos pero antes Beijing deberá aprobar a los aspirantes a candidato. Esta decisión cayó como un balde de agua helada – y no porque se tratara de participar en una campaña internacional altruista que está de moda – entre los grupos de la población civil que han estado luchando por el sufragio universal desde que la ex colonia británica fue incorporada a la soberanía de China, a partir de julio de 1997.

Hong Kong tiene una superficie de 1,104 kilómetros cuadrados y una población estimada actualmente en 7.2 millones, que cuentan con un elevado ingreso medio per cápita, resultado de una economía capitalista pujante y moderna. Existe una amplía libertad en cuanto a las actividades productivas y mercantiles así como en materia de libre expresión y de prensa, de movilidad y domicilio; en suma, el territorio en una de las 4 economías que dieron el salto a finales del siglo pasado del subdesarrollo al desarrollo. Las otras 3 son Singapur, Corea del Sur y Taiwán

Deng Xiaoping y Margaret Thatcher finiquitaron en 1984 un largo y complicado proceso de negociaciones para la devolución a China de lo que en Gran Bretaña se consideraba, con sobrada razón, la joya de la corona. Beijing hubiera recuperado fácilmente ese territorio que le habían arrancado los británicos en 1842, al término de la primera guerra del opio, por medio de la fuerza, pero los dirigentes comunistas chinos estaban decididos a ganarse la confianza del mundo al tiempo en que también abrían la economía de su país a las corrientes mundiales de comercio y capitales. El meollo de la solución de tales negociaciones fue la propuesta de Deng de que la ex colonia gozaría por 50 años de su propia independencia y únicamente la política exterior y la defensa de la misma sería manejada por Beijing; su estatus quedó como región administrativa especial de China con su propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, más una mini constitución (Ley Básica) promulgada por la APN en la que participaron representantes hongkoneses: esto lo llamaron los dirigentes chinos “un país, dos sistemas.”

Al principio se temía que China no cumpliera sus promesas de darle cabal independencia a la RAE y hubo fuga de capitales (millonarios hongkoneses compraron activos y bienes raíces en todo Occidente). Pero pronto quedó clara la intención de los comunistas chinos de cuidar a la “gallina de los huevos de oro” y dejarla que prosperara con sus propias reglas de un capitalismo de libre mercado extremo. Pronto inversiones de H. K., fueron a China y divulgaron nuevas tecnologías y conocimientos avanzados para los negocios; el rápido crecimiento del comercio exterior de China se basó en gran parte en los puertos y en la infraestructura económica hongkonesas.

No obstante la efectividad operativa del modelo económico de “un país, dos sistemas,” una parte importante de la población de H. K., la clase media, no los ricos empresarios y negociantes, ha pugnado desde 1997 por la vigencia amplia de los derechos humanos y los democráticos. Por otro lado, antes del traspaso del territorio a China, el último gobernador colonial, Chris Patten, intentó introducir el sufragio universal, mismo que la corona británica nunca había siquiera intentado establecer. El gobierno chino simplemente ignoró esas reformas pero quedó la inquietud electoral no sólo entre ciudadanos comunes sino entre buena parte de la eficaz burocracia hongkonesa: un notable servicio civil de carrera.

El jefe Ejecutivo y los integrantes de la Comisión Legislativa eran seleccionados por Londres y por electores funcionales locales (industriales, comerciantes, sindicatos, educadores, etc.). El primer Chief Executive de la RAE fue “electo” por un comité de 800 personas organizado por Beijing y los legisladores gradualmente fueron elegidos por voto directo hasta llegar a la mitad de los mismos (35 de 70 en la actualidad). Pero la corriente pro-democracia ha crecido con el tiempo y cuando en 2012 China y legisladores y partido políticos hongkoneses llegaron al acuerdo de que en 2017 el jefe ejecutivo se elija mediante voto directo universal, las demandas por ese objetivo se multiplicaron. Es claro que Xi Jinping y el nuevo liderazgo chino no están dispuestos a conceder libertades electorales que no existen en China: habrá que ver si la resistencia civil logra romper el control de Beijing o si surgen choques entre la autoridad local y los simpatizantes de la democracia, lo cual amenazaría a la “gallina de los huevos de oro” y a quienes más los aprovechan.

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