Poste restante: Expresión de disidencia

Jorge Eduardo Navarrete, Asociado de Comexi

 

 

El cuaderno de trabajo “México ante la Revolución Energética”, difundido por COMEXI a través de su portal en la web—y quizá también impreso—debe ser leído con atención. Recojo, en esta nueva contribución al blog de COMEXI, algunos de mis desacuerdos con el contenido del documento, confiado en que la asociación civil de la que somos parte los miembros del Grupo de Trabajo de Energía y yo mismo contribuya también a la difusión de opiniones disidentes. Habría preferido comentar el cuaderno en su integridad, pero el texto resultante excedería con mucho la capacidad de este vehículo de difusión. Me concentro en el apartado “Un nuevo modelo energético mexicano” (pp 29-39) y en mis puntos de disputa.

De entrada, el que Brasil, Colombia, Noruega y “muchos otros” hayan revisado sus modelos energéticos, no me parece razón suficiente para que igual proceda México. Las razones de fondo para revisar el modelo mexicano se desestiman al no destacarse: abatir el peso de los hidrocarburos en la mezcla energética; garantizar la seguridad energética de la nación; modular las ventas al exterior de crudo en función de la disponibilidad de reservas, con vistas a reducirlas y eliminarlas, en forma gradual, para participar como exportador en los mercados de petrolíferos, petroquímicos y servicios; restituir a la industria petrolera su función motora del desarrollo y la industrialización del país—para mencionar unos cuantos y no en orden de importancia. El enfoque de conjunto que se propone tiene una orientación marcadamente mercantil—producir más para exportar más—que no se equilibra con el enfásis en desarrollo industrial, en la rama petrolera y en las demás.

A las dos “falsas premisas” que se refutan habría que agregar una tercera cuya falsedad, a diferencia de la de aquéllas, es evidente. Si se renuncia a jugar con las palabras, privatizar significa permitir la participación de particulares en actividades en las que estaba vedada o limitada por disposición constitucional o legal. En el juego de abalorios en que se han convertido los preliminares del debate legislativo, los proponentes de la apertura se han empeñado en afirmar, con el mayor de los énfasis, que no existe intención más lejana a ellos que la de privatizar Pemex o el petróleo, explicando—como si hablasen a oligofrénicos—que no proponen vender un solo tornillo ni ceder la propiedad de un solo barril. El hecho privatizador se da in toto o en partes. La propuesta que aquí se examina contiene elementos de privatización—aunque no plantea vender Pemex o uno o más de sus tornillos. Propone un modelo público-privado para la industria petrolera; es decir, un enfoque privatizador.

Para transformar el modelo mexicano se propone rebasar la etapa en la que Pemex se asocia con terceros y entrar en la etapa en que Pemex compita, en igualdad de condiciones, con terceros. Todos—los nuevos operadores y Pemex—podrían obtener concesiones y/o acordar contratos de producción compartida. La forma en que se plantea esta transición y la lógica de operación del esquema propuesto permiten prever un creciente predominio de los primeros sobre el segundo. Por ello se postula que, ya entrados en gastos—para usar una fómula técnica—se efectúe la apertura total de todo lo demás: refinación, transporte, almacenamiento, importaciones, gas y petroquímica. Mientras Pemex presumiblemente continuaría disgregado en varias subsidiarias, los nuevos operadores serían empresas petroleras integradas.

Si se lee el apartado del documento que comento, resulta difícil entender que uno de los coordinadores del Grupo de trabajo haya afirmado otra cosa al intentar resumir la propuesta, el 7 de agosto, en la primera emisión de MVS noticias. Según la transcripción de su declaración, Andrés Rozental afirmó que se propone enmendar la Constitución para que Pemex “pueda asociarse con una o varias empresas”, rebasando la relación con particulares, limitada ahora a los contratos, “que es lo que se propone modificar”. Olvidó que el documento afirma que las asociaciones no son suficientes e incluso contraproducentes y que lo que se requieren son contratos de producción compartida y/o concesiones.

Lo más lamentable, sin embargo, es que este coordinador haya agregado un elemento, particularmente nocivo, que no aparece en la visión del nuevo modelo que contiene el cuaderno. “Todos los países que han abierto al sector privado su sector energético—afirmó Rozental según la transcripción de sus declaraciones a Noticias MVS—han permitido que las empresas que descubren hidrocarburos puedan anotar esas reservas o descubrimientos como parte de sus activos, lo cual no quiere decir que ya no son propiedad de la nación. Es necesario para atraer la inversión permitir que se anoten esas reservas dentro de los activos de las empresas, sin perder la rectoría del Estado”.

Supóngase que British Petroleum obtiene una concesión para exploración; supóngase que—gracias a su superioridad técnica y organizativa, en lugar de provocar un derrame masivo tipo Macondo, descubre un nuevo campo en aguas profundas, mucho menor que Cantarell, cuyas reservas recuperables se estiman en 20 millones de barriles. De acuerdo con la propuesta de Rozental, procede a incorporarlos a sus activos, pues si no se le permitiera hacerlo no se habría interesado en la concesión. De este modo, 20 MB de las reservas de petróleo que constituyen los activos de BP siguen siendo propiedad de un tercero: la nación. ¿Qué regulador permitiría a BP contabilizar como activos recursos que conservan otro propietario?

A fin de cuentas, con diferencias tan notables entre la letra del cuaderno y la versión ofrecida por su coordinador, es difícil saber qué se propone en realidad como nuevo modelo energético mexicano.

 

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